San Juan - El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, dio a conocer el informe de la Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC), el cual, basado en las conclusiones del estudio, así como la necesidad de generar los recursos fiscales para el presupuesto 2015-16, no recomendó al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa cambiar la Ley 72 del 2015 que viabiliza la implantación de un IVA el 1 de abril de 2016 para sustituirlo por un arbitrio general.
Zaragoza Gómez explicó que como resultado del análisis cuantitativo presentado de un arbitrio general se concluye que para alcanzar los objetivos de ingresos fiscales, según el presupuesto del año fiscal 2015-16, es necesario que el impuesto tenga una base contributiva amplia, que incluya la tributación de bienes intermedios y tasas contributivas nominales que oscilen entre 19% y 38%, según cada uno de los escenarios. La base tributaria sería diferente y la tasa contributiva del arbitrio general sería mayor que la del IVU actual y que la del IVA que entraría en vigor a partir de 1 de abril de 2016, según dispuesto en la Ley 72 del 2015.
“En el 1987 se impuso un arbitrio general del 5%, cuya tasa efectiva era 6.6%. La base tributaria incluía múltiples exenciones que limitaban su capacidad de recaudación a alrededor de $550 millones anuales. Este arbitrio fue eliminado con la Reforma Contributiva de 2006. En la discusión presente, se intenta convertir al llamado “arbitrio en los muelles” en uno de base amplia, por lo que lo convierte en un impuesto general indirecto al consumo y la producción. Esto como veremos tiene repercusiones económicas distorsionantes en la cadena productiva de distribución y en los precios finales de los bienes importados o producidos localmente, esto particularmente si la tasa fluctúa entre un 19% y un 38%. Los precios se afectarán por los impuestos en los insumos productivos que llegarán debido a la integración vertical de la producción de bienes y servicios. Estos efectos económicos se conocen en la literatura hacienda pública como efecto cascada y piramidal”, lee parte del informe citado por el Secretario.
El funcionario agregó que los estimados se hacen bajo el supuesto de una meta de recaudos de $2,561 millones y una tasa de captación de 75%. Surge del análisis que hay una relación inversa entre la tasa impositiva y la base tributaria. Por lo tanto, si deseáramos sustituir al IVU o al IVA, la tasa impositiva tendría que ser alta en la medida que muchas de las importaciones son materia prima y bienes intermedios; o sea, un total de $29 mil millones o 68% del total de las importaciones. Si a eso, se añaden los alimentos para consumo final importados de $3,000 millones, entonces, la base contributiva disponible se reduce a menos de unos $9,500 millones, cifra que incluye bienes de capital y otros bienes que ya tienen arbitrios especiales tales como automóviles y derivados del petróleo.
El informe, que está publicado en la Sala de Prensa del portal del Departamento: www.haciendapr.gov, establece también que la capacidad de recaudación del arbitrio general está limitada al punto de origen en la cadena de distribución, ya sea en la importación o en la producción, a diferencia del impuesto sobre el valor añadido. Por lo tanto, el valor monetario de la materia gravada bajo el arbitrio es mucho menor ya que no se captan recaudos en las etapas posteriores que tienen el efecto de los precios.
Zaragoza Gómez recordó que el propósito de este Informe es presentar al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Alejandro García Padilla y a la Asamblea Legislativa, los trabajos, conclusiones y recomendaciones de la Comisión para cumplir con lo dispuesto en la Ley. En cumplimiento de tal objetivo, la Comisión acordó en esta primera fase evaluar la modalidad de impuestos al consumo de base amplia como son un Arbitrio General, un Impuesto sobre Ventas y Uso y un Impuesto sobre el Valor Añadido. El principal criterio económico para la evaluación de los impuestos fue la capacidad de recaudación definida por el valor monetario de la materia gravada (base tributable), la tasa impositiva y el nivel de captación. El marco de referencia se basó en el estimado de ingresos del Impuesto sobre Ventas y Uso y del Impuesto sobre el Valor Añadido que forma parte del presupuesto del año fiscal 2015-16. Además, se consideraron los principios teóricos en que se basa el diseño de impuestos en cuanto al efecto económico de estos en los precios relativos de los bienes y servicios así como de los factores de producción.
“En cuanto al análisis de los costos de operación de los diversos impuestos al consumo evaluados, la mayoría de los integrantes de la Comisión entiende que dado que actualmente el sistema del IVU tiene la característica del arbitrio general porque en una de sus fases se cobra en el muelle y además tiene características de un IVA, porque se reconocen créditos, cualquier diferencia en el costo de operación, del sistema actual en estos momentos no es asunto materialmente significativo para determinar la viabilidad fiscal de los impuestos. En términos de la fase relacionada con recomendaciones de posibles medidas para lograr mayor justicia contributiva a los individuos, los trabajos de la Comisión continuarán y deben estar concluidos en o antes de 90 días”, añadió.
El CATIC está compuesto por 12 integrantes, estos son; el Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, quien funge como Presidente; el Secretario de Justicia, César A. Miranda Rodríguez; el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis F. Cruz Batista; Ingrid Colberg Rodríguez, la Directora Ejecutiva de la Autoridad de los Puertos; Luis Vega Ramos, Rafael Hernández Montañez y Waldemar Quiles, como representantes de la Cámara de Representantes y los senadores José Nadal Power y Larry Seilhamer Rodríguez del Senado de Puerto Rico; dos representantes del sector empresarial privado, José Izquierdo Encarnación y el CPA Kenneth Rivera Robles y un representante del sector sindical del País, Luisa Acevedo Zambrana; que fueron designados por común acuerdo de los Presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico. De los 12 integrantes de la Comisión, 8 favorecieron el informe. El representante Waldemar Quiles y el senador Larry Seilhamer no asistieron a los trabajos de la Comisión. En el caso de la Sra. Luisa Acevedo no participó de los trabajos de la Comisión por situaciones relacionadas a los trámites de su designación. En cambio el representante Luis Vega Ramos presentó un voto particular con su posición en torno al informe, el cual se incluye como Anejo. Además, se incluye como Anejo la reacción del Asesor Económico de la Comisión sobre los argumentos del voto particular.