Se encuentra usted aquí

Continua ofensiva de Hacienda y Justicia contra evasores contributivos

Comunicado de Prensa | Martes, Marzo 15, 2016

Hacienda refiere al Departamento de Justicia 21 casos por evasión contributiva

Justicia radica cargos  a uno de los primeros comercios que Hacienda impactó con los operativos 

(San Juan, Puerto Rico)  – El Secretario del Departamento de  Hacienda, Juan Zaragoza Gómez y el Secretario de Justicia, César R. Miranda Rodríguez,  anunciaron hoy en conferencia de prensa el referido a Justicia de 21 nuevos casos por evasión contributiva y la radicación de cargos contra una corporación, y su presidenta,  por dejar de remitir la contribución por concepto del  Impuesto de Ventas y Uso (IVU) al Departamento de Hacienda.

Zaragoza Gómez informó que en el día de hoy está refiriendo al Departamento de Justicia  cuatro (4) casos contra las personas responsables y las corporaciones por la apropiación ilegal de $2,990, 310.63 de IVU retenido a sus clientes y no remitido a Hacienda.  Además, se están refiriendo  17 casos contra individuos por no rendir planillas de contribuciones sobre ingresos durante los últimos cinco años y que se beneficiaron personalmente de $497,400.80  que correspondían al pago de contribuciones.  Entre los casos referidos, se encuentran dos compañías que fueron embargadas como parte de los operativos que ha realizado la agencia.  

De los casos referidos a Justicia, se encuentra una tienda de ropa exclusiva para caballeros que  omitió remitir a Hacienda $870,211.38, entre los años contributivos 2012 al  2015 por concepto de IVU.    Igualmente, se incluye una compañía, que opera varios restaurantes,   por la evasión del pago de IVU entre los años contributivos 2011 al 2015, por la cantidad total de $1, 141,938.68.   Asimismo, una  empresa que se dedica a la decoración de eventos especiales,  por evadir el pago de IVU, por la cantidad total de $297,607.25 entre los años contributivos 2012 al  2015.  

Otro de los casos, se refiere a  una empresa especializada en brindar equipos y materiales para la realización de actividades, que dejó de remitir a la agencia la cantidad de $680,553.32 de IVU, entre los años 2010 al 2014.  

“Según la investigación realizada por la Secretaría Auxiliar de Inteligencia de Fraude Contributivo, estas compañías planificaron y ejecutaron un esquema de apropiación ilegal de fondos públicos para defraudar a Hacienda.  El esquema consistía en radicar las planillas de IVU, mientras no enviaban  a  la agencia el dinero retenido, apropiándose así de fondos del Estado Libre Asociado (ELA)”,  manifestó el Secretario.

Zaragoza Gómez explicó que los casos contra individuos, “surgen  como parte de una  iniciativa para combatir la evasión contributiva a través del conjunto de colaboración interdepartamental  Grupo de Aceleración de Proyectos.  Como parte de esta iniciativa, el Área de Inteligencia de Fraude Contributivo,  la División de Asuntos Económicos y la Administración de Tecnología de Información de Hacienda  han diseñado un proceso de rápida identificación de contribuyentes,  que por múltiples años, han tenido un patrón de no radicar Planillas de Contribución sobre Ingresos  y cuyos ingresos por salarios son mayores a $50,000, según reportado por sus patronos en los Comprobantes de Retención. Esta herramienta, altamente efectiva, permite rápidamente detectar este comportamiento delictivo”.

“Maximizamos la utilización de recursos humanos e infraestructura de los sistemas integrados de información electrónica existentes en Hacienda, lo que nos permite  agilizar, con certeza razonable,  el proceso de referidos al Departamento de Justicia, para la acción fiscalizadora correspondiente", agregó el titular de Hacienda.

El Secretario de Hacienda dijo que entre los 17 individuos referidos a Justicia, hay empleados  de corporaciones públicas y privadas. “Estas personas,  dejaron  de rendir Planillas de Contribución sobre Ingresos,   con el único fin de evadir y derrotar el pago de contribuciones al Departamento y así defraudar al Gobierno del ELA”, señaló.

Recordó Zaragoza Gómez que existen serias consecuencias civiles y criminales para los evasores contributivos. “Además de cualquier acción civil, como la imposición de multas, penalidades e intereses, no cobrar el IVU o cobrarlo y no remitirlo a Hacienda constituye un delito de apropiación ilegal agravada, por tratarse de fondos públicos”.

En el caso de los individuos, según el Código de Rentas Internas, entre las consecuencias civiles y criminales se encuentran: penalidad por dejar de rendir planillas, dejar de recaudar y entregar en pago la contribución, o intentar derrotar o evadir la contribución, penalidad por dejar de rendir planillas y dejar de recaudar y entregar en pago la contribución.

“Con el referido de hoy al Departamento de Justicia, continuamos avanzando en nuestra lucha contra la evasión contributiva.  No remitir el pago a Hacienda del IVU cobrado por una empresa a los ciudadanos constituye un delito; evadir la responsabilidad de los contribuyentes de rendir su planilla y entregar su pago, también es delito”, expresó  el Secretario.

Zaragoza Gómez añadió que “el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia continúan colaborando arduamente en los referidos e investigaciones de casos de evasión de impuestos para alcanzar la debida fiscalización de las leyes contributivas”.

Por su parte, el Departamento de Justicia anunció hoy la radicación de 28 cargos contra María Milagros Ortiz Benítez, presidenta de la tienda Bambi de Humacao, y contra esta corporación por dejar de remitir la contribución por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) ascendente a $455,244 al Departamento de Hacienda durante los meses de mayo de 2013 a septiembre de 2015.

Según se desprende de la investigación realizada por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ, Ortiz Benítez era la responsable de entregar el pago del IVU a Hacienda.  Esa cifra, junto a los intereses y las penalidades, podría ascender a aproximadamente a $1,016, 960. De los casos en los que Hacienda ha realizado un embargo este es el primero referido para acción de Justicia.

Bambi es una corporación con aproximadamente 14 tiendas que se dedica a la venta al detal de ropa para infantes.  Este fue uno de los primeros comercios que Hacienda impactó con los operativos de embargo preventivo.  El pasado 12 de noviembre de 2015, Hacienda embargó las tiendas de Bayamón y Guaynabo.  Actualmente, Bambi se encuentra acogida al capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

Casos en las cortes

Esta radicación se suma a los 12 casos que el Departamento de Justicia  ha radicado en lo que va de año por evasión contributiva y apropiación ilegal. El pasado 8 de marzo una magistrada del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra Jason Rodríguez Félix por falsificar cheques y cambiarlos en uno de los bancos del país logrando apropiarse de sobre $15,000 que le pertenecían al Hotel Sheraton de Puerto Rico.

El 29 de febrero pasado, también se halló causa para arresto contra los administradores del hotel Horned Dorset Primavera de Rincón por haber dejado de remitir a la Compañía de Turismo el monto acumulado de $603,575, por concepto del impuesto sobre la ocupación de habitaciones. Dicha deuda se acumuló en un periodo de 6 años.

Por otro lado, el 29 de febrero también se halló causa para arresto en seis cargos contra el contable José Taveira Cardoso por apropiarse ilegalmente de la identidad de un contador público autorizado (CPA) con el fin de favorecer a sus clientes.

De otra parte, Daniel Rodríguez Semidey, exdirector de Finanzas del Municipio de Guánica, enfrentará la justicia luego que un juez encontrara causa para arresto en su contra el pasado 26 de febrero por apropiarse de  $1,380 pertenecientes al municipio y utilizarlos para uso personal en julio del 2013.

Estos casos se suman a los 8 casos por evasión contributiva que el Departamento de Justicia había anunciado que se encontraban ante los tribunales de San Juan y Bayamón. La suma de dinero que presuntamente dejó de ingresar al erario a raíz de la evasión asciende a $3.6 millones. Entre los individuos y comercios acusados se encuentran: un abogado, una exadministradora de un centro IPA, un médico, tres vendedores de seguros,  una empresaria y un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica.