El caso fue investigado como parte de una alianza entre ambas agencias para combatir la evasión contributiva
Una investigación entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda concluyó con la presentación de cargos criminales contra el empresario Luis Benítez Avilés, por presentar planillas falsas y fraudulentas, dejar de reportar ingresos que superan siete millones de dólares y utilizar varias corporaciones para evadir el pago de contribuciones y costear lujos y gastos personales ostentosos, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
Algunas de las corporaciones que preside tampoco cumplieron con la obligación en ley de rendir planillas de contribución. LB Investment & Construction LLC no rindió durante los años 2019 y 2020, mientras que Investment & Development Consulting Group, Inc. no reportó durante el 2020.
La alianza establecida entre ambas agencias tiene como fin combatir la evasión contributiva en Puerto Rico y como resultado de esta, en lo que va de año, el Ministerio Público ha presentado cargos contra tres empresarios, quienes intentaron defraudar al fisco por un total estimado de $8.5 millones.
Durante los últimos cinco años, Benítez Avilés, quien es presidente y único accionista de tres corporaciones que se dedican a las inversiones y al desarrollo de proyectos de construcción, ha mantenido un patrón de incumplir con sus obligaciones contributivas, tanto en su carácter de individuo como en sus corporaciones.
El ingreso que reportó a través de sus planillas de contribución sobre ingresos, no es proporcional al valor de sus bienes. Fue precisamente su estilo de vida lujoso y ostentoso lo que generó sospechas que fueron confirmadas por fiscales especiales de Hacienda y Justicia. Sus vehículos, Ferrari, Lamborghini, Mercedez Benz, Land Rover Rage y Chevrolet Camaro, tienen un valor aproximado de $1.3 millones.
De igual forma, dentro de los años investigados, adquirió una propiedad inmueble de casi medio millón de dólares, entre otros bienes que compró a nombre de su corporación. Sin embargo, en un periodo de cinco años, solo informó $223 mil en sus planillas personales. Este mintió en sus planillas con la intención de no reportar sobre $7 millones, tal y como se pudo confirmar como parte de la investigación que inició en el mes de julio.
Por estos hechos, hoy la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia le radicó cinco cargos por presentar planillas fraudulentamente, de manera premeditada, intencional y voluntaria, y tres cargos por dejar de rendir las planillas corporativas, en violación al Código de Rentas Internas de Puerto Rico. El empresario podría enfrentar entre 3 a 8 años de prisión por cada cargo.
“Mientras otros ciudadanos trabajan y pagan sus contribuciones a tiempo, individuos como este hacen caso omiso a sus obligaciones y utilizan subterfugios para evitar realizar las aportaciones que les corresponden, cargando económicamente a otros ciudadanos y afectando los servicios esenciales de Puerto Rico. Esta alianza entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda continuará produciendo resultados para erradicar la evasión contributiva”, expresó el secretario de Justicia.
Por su parte el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó la importancia de la colaboración de la ciudadanía al denunciar estos casos.
“Nuevamente estamos frente un ciudadano que apuesta a que puede burlar las leyes impunemente, presentando planillas con ingresos limitados, pero ostentando lujos públicamente. Esa doble representación pocas veces funciona. Estamos recibiendo confidencias constantemente de ciudadanos responsables, que se sienten ofendidos ante este comportamiento. Volvemos a exhortarlos a que cumplan con sus responsables contributivas y no destruyan su futuro ni el de sus familiares. Estamos trabajando con tecnología de primer orden que nos da acceso a información que puede ir contra las estrategias para defraudar al gobierno.”, dijo Parés Alicea
Cabe destacar que, en el año 2003, Benitez Avilés fue convicto y cumplió 57 meses en la cárcel federal por cargos de lavado de dinero, posesión y distribución de sustancias controladas.